La Necesidad de Consagrar el Derecho a la Vivienda Digna y Segura en la Nueva Constitución

La accesibilidad económica a la vivienda es un tema crítico principalmente para las familias con menores ingresos del país. El rol subsidiario que ha tenido el Estado en materia de vivienda y el protagonismo del mercado en la provisión de la misma ha conducido a que cada vez sea más complejo el ejercicio de este derecho (Correa, 2016). Ante este escenario las personas más vulnerables sortean grandes dificultades para acceder a la vivienda, o deben aceptar vivir en inmuebles emplazados en sectores periféricos y con condiciones que se alejan del derecho a una vivienda digna y adecuada.

La dificultad para acceder a la vivienda se ha visto acentuada por el aumento sostenido de su precio. El índice de Precios Inmobiliario Clapes UC- Real Data muestra que, entre enero de 2007 y diciembre
de 2019 solo en la Región Metropolitana -que concreta a un tercio de la población nacional- el precio de las casas sufrió un incremento real del 87%, mientras que el precio de los departamentos se incrementó en un 103% (Leyton & Cifuentes, 2019). Lo anterior se vio aun más acentuado producto de la pandemia.

Aunque en Chile las familias gastan en promedio el 18% de su ingreso disponible bruto para mantener una vivienda -cifra  que es menor al 20% del promedio de la OCDE- el promedio nacional esconde grandes diferencias por nivel socioeconómico, esto dado que el 36% de los hogares más pobres del país destina más del 40% de sus ingresos en vivienda (OECD Better Life Index, 2020). En efecto, el 53,8% de quienes están en el quintil de menores ingresos realiza este sobreesfuerzo económico para pagar el arriendo (la segunda cifra más alta de todos los países del OCDE), y el 31,5% lo hace para pagar una hipoteca (OCDE, 2018).
La situación es más crítica entre las familias del quintil inferior de ingresos que arrienda una vivienda, dado que la proporción de su gasto para este fin alcanza el 83,3% de sus ingresos, siendo el más alto dentro de todos los países de la OCDE (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2017).
De esta forma, queda en evidencia que las familias más vulnerables de Chile enfrentan una enorme dificultad para acceder a la vivienda y deben realizar un importante sobreesfuerzo económico para cubrir esta necesidad.

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